Contexto y antecedentes

Durante su campaña electoral en 2024, Tarcísio declaró que acabaría con los equipos acoplados a los uniformes de 💱 la PM, alegando que la "turma" debía percibir que el estado está de su lado. Sin embargo, frente a la 💱 repercusión negativa, revaluó sus comentarios pocos días después y declaró que tomaría la decisión "desde el punto de vista técnico" 💱 tras conversar con especialistas.

Recientemente, el gobierno estatal publicó un edital pretendiendo sustituir cerca 💱 de 10 mil cámaras existentes por 12 mil equipos de un modelo que permitiría el accionamiento voluntario por parte del 💱 propio agente. Sin embargo, este modelo contraviene las mejores prácticas adoptadas internacionalmente. El modelo recomendado por expertos en seguridad pública 💱 debe ser automático e ininterrumpido.

En abril, la Defensoría pidió que el Supremo Tribunal Federal (STF) analizara el uso del equipo 💱 en el estado. La gestión Tarcísio firmó un compromiso con la Corte para atender los requisitos de la portaria del 💱 Ministerio de Justicia y evitar que la solicitud prosperara judicialmente. Un nuevo contrato para la adquisición de cámaras se firmó 💱 con Motorola Solutions, por R$ 4 millones mensuales, con una duración de 30 meses y un valor total de R$ 💱 105 millones.